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Informe cuestiona si la administración de Gustavo Petro facilitó la legitimidad de Nicolás Maduro tras las elecciones de 2024

Colombia News Equipo editorial · · Tiempo de lectura 9min · Vistas 0 ·
Clave — Un nuevo estudio del Centro Miranda para la Democracia analiza la postura del gobierno de Gustavo Petro frente a los resultados electorales en Venezuela y su impacto en la región, señalando tensiones entre intereses energéticos, seguridad fronteriza y la política de "Paz Total".

Un reciente informe publicado por el Centro Miranda para la Democracia ha puesto bajo la lupa la gestión del gobierno del expresidente Gustavo Petro en relación con la legitimidad de Nicolás Maduro, tras los comicios celebrados en Venezuela en julio de 2024. El documento, titulado "Lavado de la legitimidad de Maduro", examina si las acciones de la administración colombiana facilitaron la continuidad del régimen venezolano en el poder.

El análisis se centra en un periodo crítico que comprende desde la restauración de las relaciones bilaterales entre ambos países en 2022 hasta la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, ocurrida el 3 de enero de 2026. Según el estudio, la postura de Colombia estuvo influenciada por tres factores determinantes: la afinidad ideológica con el chavismo, los intereses energéticos y la implementación de la política de "Paz Total".

En el ámbito energético, el informe destaca que el gobierno colombiano detuvo la firma de nuevos contratos de exploración de hidrocarburos y, en su lugar, buscó la importación y producción de gas mediante alianzas entre Ecopetrol y PDVSA. Esta estrategia de seguridad energética se suma a la complejidad de la situación fronteriza, donde grupos armados han mantenido presencia activa.

De acuerdo con datos registrados en 2024, el ELN operaba en al menos 8 de los 24 estados de Venezuela, contando con aproximadamente 1.276 combatientes en territorio venezolano. Esta presencia ha sido un elemento constante en la dinámica de seguridad regional, donde Venezuela ha servido como garante en negociaciones con el ELN y como retaguardia estratégica para diversos grupos armados colombianos.

La controversia sobre la legitimidad del proceso electoral venezolano se originó cuando el Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció que Nicolás Maduro ganó las elecciones del 28 de julio de 2024 con el 51,2% de los votos, sin publicar registros detallados por mesa de votación. Por su parte, la oposición, liderada por Edmundo González Urrutia, presentó registros que sugerían una ventaja significativa para su candidato, estimando un 67% de los votos frente al 30% atribuido al régimen.

La tensión diplomática también se reflejó en foros internacionales. El 31 de julio de 2024, el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) intentó aprobar una resolución para exigir la publicación de los resultados detallados. Sin embargo, la medida no prosperó al obtener solo 17 votos a favor, quedando a un voto de alcanzar los 18 requeridos para su aprobación. En dicha votación, Colombia y Brasil se abstuvieron, mientras que México se ausentó.

Frente a estas críticas, el expresidente Gustavo Petro ha mantenido su postura a través de sus redes sociales, señalando que su gobierno no reconoció los resultados de las elecciones venezolayas debido a las condiciones en las que se desarrolló el proceso de votación. El informe del Centro Miranda, no obstante, caracteriza estas acciones como un "lavado institucional" de la legitimidad de Maduro, aunque aclara que el estudio se enfoca en los efectos prácticos de las decisiones gubernamentales más que en probar un plan deliberado de favorecimiento.

La seguridad interna en Colombia también se ha visto afectada por la actividad de grupos armados. La Fiscalía General de la Nación atribuyó el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay, ocurrido en junio de 2025, al grupo Segunda Marquetalia. El deceso del legislador se produjo en agosto de ese mismo año, profundizando las preocupaciones sobre la capacidad de estos grupos para operar en la región.

Glosario

  • Paz Total — Es una política de paz diseñada e implementada por el gobierno colombiano de Gustavo Petro. Esta ley modifica el orden de la Ley Pública y permite al gobierno negociar con grupos armados y criminales utilizando diferentes estrategias y herramientas legales.
  • Ecopetrol — Es la principal y más grande empresa petrolera de Colombia. Funciona como una empresa industrial y comercial estatal encargada de administrar actividades a lo largo de la cadena petrolera.
  • PDVSA — Es Petroleos de Venezuela SA. Es una entidad que otorga contratos para proyectos de perforación en la Faja del Orinoco.
  • ELN — Es un grupo armado que mantiene presencia activa en la región. Ha participado en procesos de paz y diálogos de negociación.

Este artículo se redactó con ayuda de IA a partir de varias noticias publicadas y es revisado por nuestros editores conforme a nuestros principios editoriales. Normas editoriales · Pistas y contacto

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